Lucha contra el fraude: sanciones más altas y acción administrativa más rápida.
Esta ley fortalece la capacidad del gobierno para perseguir rápidamente el fraude y la ocultación de obligaciones financieras adeudadas a las agencias federales. Aumenta significativamente el límite monetario para los casos que pueden resolverse administrativamente (hasta 1 millón de dólares), acelerando la aplicación de la ley. También extiende el tiempo que tiene el gobierno para iniciar procedimientos contra quienes intentan evitar pagar sus deudas.
Puntos clave
El límite para los casos de fraude manejados administrativamente por las agencias aumenta de $150,000 a $1,000,000, permitiendo sanciones más rápidas para montos mayores.
El plazo de prescripción se extiende, dando al gobierno hasta 10 años para iniciar acciones después de que ocurra una violación.
Se aclara la aplicación de la ley contra aquellos que ocultan o evitan indebidamente pagar dinero adeudado al gobierno ("reclamaciones falsas inversas").
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