Nueva supervisión independiente para la ética de tribunales federales y Corte Suprema.
Esta ley establece un Inspector General independiente para investigar denuncias de mala conducta, despilfarro, fraude y abuso dentro del poder judicial federal. El objetivo es aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los jueces y el personal judicial, fortaleciendo la confianza pública en el sistema legal. Además, los empleados judiciales que denuncien irregularidades estarán protegidos contra represalias.
Puntos clave
Creación de un Inspector General para supervisar la ética y las finanzas en los tribunales federales, incluida la Corte Suprema.
La nueva oficina investigará el despilfarro y el fraude, pero no podrá anular decisiones judiciales ni sancionar directamente a los jueces.
Se introducen fuertes protecciones para los denunciantes (whistleblowers) en el poder judicial.
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