Penas federales más estrictas por ataques a la policía y derechos ampliados de los agentes.
Esta Ley establece nuevas y severas penas federales, incluida la posible pena de muerte, por matar o intentar matar a jueces y agentes de seguridad pública financiados con fondos federales. También introduce sentencias mínimas obligatorias por agredir a estos funcionarios. Además, la legislación amplía los derechos de los agentes a portar armas de fuego en instalaciones federales y asigna fondos para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad.
Puntos clave
Creación de nuevos delitos federales graves y sentencias mínimas obligatorias por matar o agredir a agentes de la ley, jueces, bomberos y socorristas.
Limitación de las apelaciones federales (habeas corpus) para personas condenadas en tribunales estatales por matar a funcionarios de seguridad pública.
Ampliación de la autoridad para que los agentes activos y jubilados porten armas de fuego en instalaciones federales y zonas escolares.
Autorización de hasta 20 millones de dólares anuales en subvenciones destinadas a promover la confianza y mejorar las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades.
Estado:
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