Ampliación de la protección a denunciantes para contratistas gubernamentales
Esta ley refuerza las protecciones para las personas que denuncian irregularidades en contratos gubernamentales, incluyendo empleados y empresas que trabajan con el Departamento de Defensa y la NASA. Esto significa que más personas podrán denunciar de forma segura el despilfarro, el fraude o los peligros para la salud pública sin temor a represalias. Los cambios buscan aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público.
Puntos clave
Extiende la protección contra represalias a un grupo más amplio, incluyendo contratistas, subcontratistas, beneficiarios de subvenciones, sus empleados y proveedores de servicios personales para el gobierno.
Permite la denuncia de una gama más amplia de problemas, como la mala gestión grave de fondos, el abuso de autoridad, las violaciones de la ley relacionadas con contratos federales y peligros sustanciales para la salud o seguridad pública.
Prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo solicitar represalias contra los denunciantes e introduce acciones disciplinarias para los funcionarios que realicen tales solicitudes.
Asegura que los derechos y recursos de los denunciantes no pueden ser renunciados por ningún acuerdo, incluidos los acuerdos de arbitraje previos a la disputa.
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