Fin de la fianza sin efectivo: Retiro de fondos federales por liberación sin garantía.
Esta ley busca obligar a los gobiernos estatales y locales a detener el uso de la "fianza sin efectivo", que permite liberar a los acusados antes del juicio solo con una promesa personal o una fianza no garantizada. Si una jurisdicción continúa con esta práctica, perderá el acceso a programas de subvenciones federales clave, incluidos fondos para la lucha contra el crimen, la educación y la asistencia legal. Los ciudadanos podrían experimentar cambios en la seguridad pública local o una reducción en los servicios financiados por estas subvenciones.
Puntos clave
Retención de fondos federales: Los estados y gobiernos locales que permitan la liberación previa al juicio sin requerir seguridad financiera (como el reconocimiento personal) perderán el acceso a subvenciones federales designadas.
Programas en riesgo: Los recortes de fondos afectan programas que apoyan a la policía local, servicios legales, programas de rehabilitación y becas educativas para estudiantes encarcelados (Becas Pell).
Impacto en la justicia local: La ley presiona a las autoridades locales para que modifiquen sus políticas de fianza, lo que podría influir en quién es liberado antes del juicio y cómo se financian los servicios de justicia.
Presentado
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