Prohibición de negociar acciones para funcionarios y sus familias
Este proyecto de ley busca restaurar la confianza pública al impedir que los altos funcionarios gubernamentales, incluidos los miembros del Congreso, el Presidente, el Vicepresidente y sus familias directas, posean o negocien acciones individuales y otras inversiones específicas. Asegura que las decisiones tomadas por estos funcionarios sean únicamente para el bien público, libres de posibles conflictos de interés relacionados con ganancias financieras personales.
Puntos clave
Prohíbe a los miembros del Congreso, al Presidente, al Vicepresidente y a sus cónyuges e hijos dependientes comprar o vender acciones individuales, materias primas o futuros.
Requiere que estos funcionarios y sus familias se deshagan de las inversiones prohibidas existentes dentro de los 90 a 180 días posteriores a la promulgación de la ley o a su entrada en el cargo.
Existen exenciones para fondos de inversión diversificados, bonos gubernamentales, pequeñas empresas y ciertos fideicomisos familiares, lo que permite una planificación financiera responsable.
Las violaciones resultarán en sanciones económicas, incluyendo una tarifa y la confiscación de ganancias, que no podrán pagarse con fondos de los contribuyentes o de campañas.
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