Prohibición al Gobierno Federal de atacar a ciudadanos por su discurso político.
Esta ley busca proteger a ciudadanos y organizaciones de que el gobierno federal utilice investigaciones o reclamos penales para suprimir o castigar su discurso y participación política protegidos constitucionalmente. Establece nuevas defensas legales en los tribunales y permite a las personas demandar a los funcionarios federales por daños y perjuicios si son atacados injustamente debido a sus opiniones políticas. También prohíbe el uso de fondos federales para tales fines.
Puntos clave
Se prohíbe a los funcionarios federales iniciar acciones legales o investigaciones si están motivadas sustancialmente por el deseo de castigar la crítica al gobierno o cualquier otro discurso político protegido.
Los ciudadanos que enfrentan reclamos pueden usar la motivación política como defensa; el gobierno debe probar con evidencia clara que la acción se justificó por razones legítimas y no políticas.
Las personas atacadas injustamente pueden demandar a los funcionarios federales por daños y perjuicios y órdenes judiciales para detener la acción.
La ley permite a los tribunales detener investigaciones sobre el estado de exención de impuestos si están motivadas políticamente.
Estado:
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