Prohibición de investigaciones y procesos penales motivados políticamente por funcionarios federales.
Esta ley busca proteger la independencia del sistema de justicia al prohibir que altos funcionarios federales, incluido el Presidente y el Vicepresidente, soliciten investigaciones o procesos penales contra individuos específicos únicamente con fines políticos. Esta medida fortalece el estado de derecho, asegurando que las decisiones de la fiscalía se basen en el mérito legal y no en intereses políticos. Los empleados del Departamento de Justicia deben informar cualquier intento de interferencia.
Puntos clave
Establece penas (hasta 5 años de prisión y multas) para los altos funcionarios que intenten influir en las investigaciones del Departamento de Justicia por motivos puramente políticos.
Obliga a los empleados del Departamento de Justicia a informar al Inspector General sobre cualquier solicitud sospechosa de motivación política dentro de los 45 días.
La prohibición se aplica al Presidente, Vicepresidente, su personal y otros altos cargos federales designados.
Estado:
Presentado
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