Prohibición de procesamientos políticos: protección de los ciudadanos contra el sesgo judicial
Esta ley prohíbe procesar a personas por sus creencias políticas o afiliaciones. Introduce mecanismos para que los ciudadanos demanden a funcionarios por acciones sesgadas y exige revelar pruebas que favorezcan al acusado.
Puntos clave
Los fiscales e investigadores tienen prohibido considerar las ideas políticas al decidir sobre investigaciones o cargos.
Las personas pueden demandar individualmente a los agentes del gobierno por daños si sufren una persecución política.
La fiscalía debe presentar ante el gran jurado cualquier prueba que ayude al acusado o cuestione la credibilidad de los testigos.
Se prohíbe al Presidente y al personal de la Casa Blanca influir en decisiones sobre casos penales específicos.
Se establecen informes obligatorios e investigaciones rápidas para cualquier denuncia de interferencia política.
Estado:
Presentado
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