Extensión de la persecución de fraudes en programas de ayuda COVID-19
Esta nueva ley extiende el plazo para perseguir el fraude relacionado con los programas de ayuda de la pandemia de COVID-19, como el apoyo a locales de ocio, restaurantes y préstamos a pequeñas empresas. Esto significa que las autoridades ahora tienen 10 años, en lugar de un período más corto, para iniciar procedimientos penales o civiles en casos de fraude. El objetivo es aumentar la capacidad de recuperar fondos públicos y responsabilizar a quienes se beneficiaron fraudulentamente de la asistencia.
Puntos clave
Extiende el plazo de prescripción para el fraude a 10 años para los programas de ayuda COVID-19, incluyendo operadores de locales cerrados y revitalización de restaurantes.
Extiende el plazo de prescripción para el fraude a 10 años para los Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) y los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Aumenta la probabilidad de recuperar fondos públicos y procesar a individuos que cometieron fraude en programas de ayuda.
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