Prohibición de la explotación financiera de cargos públicos
Esta nueva ley busca evitar que los funcionarios públicos utilicen sus cargos para obtener beneficios financieros personales. Introduce prohibiciones sobre la promoción y venta de ciertos activos financieros por parte de funcionarios y sus familiares cercanos, para proteger a los ciudadanos de prácticas deshonestas y corrupción. El objetivo es aumentar la confianza pública en el gobierno y asegurar que los funcionarios actúen en interés público.
Puntos clave
Los funcionarios federales, incluyendo el Presidente, Vicepresidente, miembros del Congreso y empleados de alto rango, así como sus familias, tienen prohibido promover o vender ciertos activos financieros como valores, criptomonedas o tokens.
La prohibición se aplica durante su mandato, así como 180 días antes de que comience y 180 días después de que termine.
Las violaciones pueden resultar en sanciones civiles de hasta 250.000 dólares, la devolución de ganancias ilegales, y para delitos graves (por ejemplo, soborno, uso de información privilegiada), penas de prisión de hasta 15 años y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Las acciones que violen esta ley se consideran actos no oficiales, lo que significa que no se aplica ninguna protección de inmunidad.
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