Prohibición de criptomonedas para funcionarios y sus familias
Esta nueva ley impone restricciones estrictas a los funcionarios gubernamentales y sus familias directas en relación con el comercio y la promoción de activos digitales como las criptomonedas. Su objetivo es prevenir el uso de cargos públicos para beneficio financiero personal. Los ciudadanos pueden esperar una mayor transparencia e integridad en las acciones de los servidores públicos.
Puntos clave
Los funcionarios y sus familias tienen prohibido comprar, vender o respaldar criptomonedas y otros activos digitales durante su mandato, 180 días antes de que comience y 2 años después de que termine.
Las violaciones pueden conllevar sanciones económicas significativas e incluso prisión, dependiendo de la magnitud del incumplimiento y los beneficios financieros obtenidos.
La ley exige que los funcionarios revelen las criptomonedas y otros activos digitales que posean con un valor justo de mercado superior a 1.000 dólares.
Las empresas que emiten stablecoins deben certificar que los funcionarios públicos no se benefician financieramente de su emisión.
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