Protección de la Propiedad Ciudadana: Nuevas Reglas para la Incautación Gubernamental
Esta ley introduce cambios significativos en cómo el gobierno puede incautar propiedades de los ciudadanos en casos penales y civiles. Su objetivo es mejorar los derechos de los propietarios, dificultando que las autoridades confisquen bienes sin una orden judicial y exigiendo pruebas más sólidas. Esto brinda a los ciudadanos mayor seguridad de que su propiedad está más protegida contra incautaciones injustificadas.
Puntos clave
Fin de las incautaciones no judiciales: Las agencias federales ya no podrán incautar propiedades sin una orden judicial.
Mayor carga de la prueba: El gobierno deberá presentar "pruebas claras y convincentes", no solo una "preponderancia de la evidencia", para demostrar que la propiedad está vinculada a un delito.
Notificación y audiencias más rápidas: Los ciudadanos cuya propiedad sea incautada recibirán una notificación más rápida de sus derechos y tendrán derecho a una audiencia judicial más expedita.
Asistencia legal para los necesitados: Las personas que no puedan pagar un abogado pueden recibir asistencia legal en casos de incautación.
Los fondos incautados irán al Tesoro: El dinero de las propiedades incautadas ahora irá al Fondo General del Tesoro, en lugar de directamente a las agencias incautadoras, con el objetivo de reducir los incentivos para incautaciones injustificadas.
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