Penas más duras por fraude financiero para funcionarios públicos
La nueva Ley LETITIA aumenta significativamente las penas de prisión y las multas para los funcionarios públicos que cometan fraude bancario, hipotecario, crediticio o fiscal. Esto tiene como objetivo mejorar la rendición de cuentas de quienes están en el servicio público y reconstruir la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Los ciudadanos pueden esperar que los funcionarios públicos sean juzgados con mayor rigor por delitos financieros.
Puntos clave
Los funcionarios públicos condenados por fraude bancario o crediticio enfrentarán multas más altas (hasta 2 millones de dólares) y penas de prisión más largas (hasta 40 años), con mínimos obligatorios.
Por falsificar declaraciones de impuestos, los funcionarios públicos también recibirán multas mayores (hasta 200.000 dólares) y penas de prisión más largas (hasta 10 años), con mínimos obligatorios.
La Ley ordena al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro que emitan directrices para una persecución más efectiva de los funcionarios públicos por estos delitos.
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