Penas más duras y grupo de trabajo para combatir el fraude en programas sociales.
Esta ley aumenta significativamente las penas de prisión por fraude en programas sociales e introduce consecuencias migratorias inmediatas, incluyendo la deportación obligatoria y la revocación de la ciudadanía para los ciudadanos naturalizados condenados. Se establece un grupo de trabajo federal dedicado a investigar, enjuiciar y recuperar agresivamente los fondos perdidos por fraude a través de acciones civiles, ofreciendo recompensas a los denunciantes.
Puntos clave
Las penas de prisión por fraude social aumentan hasta 15 años; se imponen penas mínimas obligatorias para no ciudadanos/ciudadanos naturalizados y para fraudes superiores a 100.000 USD.
Los ciudadanos naturalizados condenados por fraude social pierden inmediatamente su ciudadanía; los no ciudadanos enfrentan deportación obligatoria y expulsión acelerada.
Se crea un Grupo de Trabajo de Recuperación de Fraude Social autorizado a presentar demandas civiles que buscan el triple de los daños más sanciones.
Los denunciantes que proporcionen información que conduzca a la recuperación de fondos están protegidos y son elegibles para una recompensa del 15% al 30% del monto recuperado.
Estado:
Presentado
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