Ley de 2026 para poner fin a las ciudades santuario: penas de cárcel para funcionarios que obstruyan la ley.
Esta ley exige que los funcionarios locales notifiquen a las autoridades de inmigración al menos 48 horas antes de liberar a extranjeros acusados o condenados por delitos. Los funcionarios que bloqueen esta cooperación enfrentarán penas de prisión para garantizar la seguridad pública.
Puntos clave
Los funcionarios deben avisar con al menos 48 horas de antelación antes de liberar a un extranjero con antecedentes penales.
Se prohíben las leyes o políticas locales que limiten la comunicación con el Departamento de Seguridad Nacional.
Los funcionarios enfrentan de 10 a 25 años de cárcel si no informan sobre la liberación de acusados de asesinato o delitos sexuales contra menores.
Omitir el aviso sobre la liberación de otros delincuentes violentos graves conlleva penas de 5 a 10 años de prisión.
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