Ley SAFE: Protección de la privacidad ciudadana contra la vigilancia sin orden judicial.
La ley refuerza significativamente la privacidad al prohibir a las agencias de inteligencia y policía buscar en las comunicaciones de los ciudadanos o comprar sus datos a intermediarios sin una orden judicial. Introduce estrictas sanciones penales para los funcionarios que abusen de sus poderes y aumenta la supervisión de los tribunales de vigilancia. Como resultado, los ciudadanos obtienen la seguridad de que sus datos personales están mejor protegidos contra el espionaje gubernamental injustificado.
Puntos clave
Agencias como el FBI deben obtener una orden judicial para buscar comunicaciones de ciudadanos en bases de datos de inteligencia.
Se prohíbe a las fuerzas del orden y agencias de inteligencia comprar datos personales a corredores de datos comerciales.
Los funcionarios que mientan u omitan información en las solicitudes de vigilancia se enfrentarán a sanciones penales.
La ley aumenta la transparencia mediante informes públicos obligatorios sobre la escala de la vigilancia y auditorías independientes.
Estado:
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